Bajo el título La participación social en la denuncia ambiental, Andrea Citlally Prado Nava presentó su trabajo correspondiente al fungir como anfitriona de la sesión ordinaria correspondiente al mes de octubre del capítulo juvenil Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, celebrada este sábado 12 de octubre en el salón de música del Museo Regional. Con la asistencia de seis personas, la sesión comenzó a las 10:15 horas.
Andrea inició su exposición explicando la necesidad de proteger legalmente la riqueza ambiental de México, el tercer país más diverso del mundo en cuanto a la cantidad de especies que lo habitan. Para intentar esta protección, el país cuenta con diversos instrumentos legales, que la expositora mencionó: la Constitución, tratados internacionales (de los que México ha suscrito todos), leyes de los tres niveles de gobierno y la Norma Oficial Mexicana.
El resto de la exposición se centró en el ámbito municipal, respondiendo a algunas interrogantes planteadas por Andrea: qué le corresponde hacer al Ayuntamiento para garantizar la protección del medio ambiente, qué debe incluir el Plan Municipal de Desarrollo y cómo se debe plantear una política ecológica municipal. Este nivel de gobierno no tiene posibilidad de intervenir en casos de delitos ambientales, su injerencia se limita a implementar planes de educación, a hacer cumplir los reglamentos municipales en la materia y a plantear el cuidado ambiental en el Plan Municipal de Desarrollo.
En el caso de Autlán, el Reglamento para la Protección del Medio Ambiente y Ecología establece algunas obligaciones para los habitantes del municipio, como conservar aseado el frente de la casa, circular los lotes baldíos, recoger restos vegetales que obstruyan la vía pública, entre otros, y las prohibiciones de tirar basura en la calle, encender fogatas o quemar residuos, tirar basura en lotes baldíos y, en general, cualquier acto de desaseo. También se consignan en el reglamento algunas disposiciones especiales para ciertos giros, como transporte público, autolavados, gasolineras y otros y, claro, las sanciones por las faltas al mismo: arresto, suspensión o cancelación de la licencia municipal y multas, de las que Andrea nos explicó los elementos que la autoridad debe tener en cuenta a la hora de aplicarlas, como la capacidad de pago del infractor, su intencionalidad y el beneficio económico que pudo haber obtenido con la falta, entre otros.
En cuanto a la participación de la comunidad en la aplicación del reglamento, existe la posibilidad de que cualquier ciudadano denuncie al Ayuntamiento las faltas que observe, a lo que la autoridad está obligada a dar seguimiento, comprobando los hechos y proponiendo medidas para solucionar el posible daño.
Al término de la exposición hubo algunos comentarios de los asistentes, sobre todo refiriéndose a la desconfianza de los ciudadanos a las autoridades, por lo que se realizan pocas denuncias.
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