La ponente, quien se desempeña
como delegada en el municipio de Autlán de la Procuraduría de Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes, comenzó dando una explicación de esta dependencia,
que se rige por la Ley de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Jalisco y
que atiende de forma integral estos derechos, desde los enfoques del derecho,
la psicología, el trabajo social, entre otros. Sus principales tareas son la
restitución de derechos, es decir, intervienen cuando se vulneró el derecho de
un menor de edad, mediante medidas de protección que se dividen en especiales y
urgentes.
Las medidas especiales buscan
otorgar a las personas sujetas de estos derechos un entorno seguro y amigable
en el que se puedan desarrollar mientras se resuelve su situación jurídica,
mediante la inclusión a programas gubernamentales de apoyo, la atención psicológica
especializada y el aseguramiento de los servicios básicos de salud y educación,
además de procurar una acogimiento residencial con una familia certificada para
estas situaciones o, en su caso, la restitución a su familia de origen. Las medidas
urgentes se toman cuando hay un riesgo inminente o una vulneración a sus
derechos o cuando existe la comisión de un delito. Pueden consistir en
protección policial, atención médica y psicológica y el traslado a un lugar seguro
asegurando su manutención y separación precautoria del agresor aunque,
dependiendo del caso, podría ameritar una notificación al ministerio público,
sin necesidad previa de intervención judicial. Las medidas que determine la
delegación municipal de la procuraduría pueden ser ratificadas, modificadas o
canceladas por el juzgado especializado ubicado en Ciudad Niñez.
Estas medidas son determinadas de
manera rápida, interdisciplinaria (para abarcar de manera integral la
valoración del caso) y poniendo énfasis en el interés superior de la niñez,
siguiendo por lo general estos pasos: detección del caso, mediante denuncia o
vista de otra autoridad, valoración interdisciplinaria, diseño y ejecución de
un plan de restitución de derechos y un seguimiento del caso, que lo mismo
puede durar un par de meses que varios años, dependiendo de factores externos a
la procuraduría, como la agilidad de los juzgados.
Ya sobre la recta final de la
conferencia, Andrea Prado expuso algunos datos sobre el caso específico de
Autlán: dijo que en el año 2025 se dictaron en la delegación 17 medidas de protección
especial y nueve de protección urgente y once personas fueron reintegradas con sus
familias de origen o hacia algún núcleo de su familia extensa y una persona se canalizó
a una familia de acogida. En sus conclusiones mencionó que los menores de edad
deben ser atendidos atendiendo a sus derechos a ser escuchados y a ser
informados de su situación, respetando sus derechos humanos.
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