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| De izq. a der.: Pablo Gutiérrez, Juan Pablo Cota, Alfredo Guzmán y Arturo Díaz. |
El abogado Cota explicó a los
medios el proceso de dotación de tierras, que comenzaba con una solicitud que, previa
visita de un comisionado para verificar la existencia de ejido, mesa directiva
y terrenos, era respondida con una resolución presidencial que dotaba a ese ejido
de una superficie de tierra. La resolución debía ser publicada en el Diario
Oficial de la Federación y registrada en el Registro Agrario Nacional, para que
la dotación se formalizara y el ejido naciera a la vida jurídica. Estos últimos
pasos eran los que no se habían realizado en el caso del ejido de Chiquihuitlán.
El ejido de Chiquihuitlán, según
explicó el abogado, sufrió este retraso en la ejecución de su dotación de
tierras debido a las taras propias del sistema jurídico mexicano: falta de
personal, de recursos financieros y materiales y falta de voluntad política. Para
colmo, en el año 2007 un comisionado emitió una resolución de inafectabilidad,
porque en una supuesta visita que realizó determinó que no había ejido ni mesa
directiva. Esta resolución fue combatida jurídicamente para conseguir, 16 años
después, la plena certeza jurídica del ejido sobre sus tierras, con lo que nace
un nuevo ente económico en nuestra región.
El ejido de Chiquihuitlán está
constituido por cuatro polígonos, que fueron medidos y demarcados en el pasado
mes de septiembre, dentro del territorio del municipio de Villa Purificación,
colindante con la comunidad indígena de Chiquihuitlán y Agua Salada y con el ejido
de La Estancia de Amborín. Su núcleo de población es el poblado de Chiquihuitlán,
en el municipio de Autlán, compartido con la comunidad indígena
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